La Asamblea General de la Asociación Interamericanas de Defensorías Públicas (AIDEF) , realizada en Costa Rica, aprobó hoy un documento de recomendaciones y prácticas para la defensa de las mujeres criminalizadas por delitos menores de drogas, que impulsa la perspectiva de género en los defensores y defensoras públicas y ha sido realizado en el marco del Programa de cooperación sobre drogas entre América Latina y la UE COPOLAD III.
Se trata de una iniciativa que recoge herramientas y prácticas para una defensa eficaz y efectiva que tengan en cuenta la perspectiva de género y derechos humanos. La intención es que este documento suponga un marco mínimo sobre el cual las personas defensoras se inspiren y puedan adaptar su estrategia de defensa a la realidad de cada país.
AIDEF es una organización que agrupa a las defensorías públicas de América y el Caribe, encargadas de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, especialmente aquellas que no pueden sufragar un abogado. Similar a la figura del defensor de oficio, la AIDEF asegura que los derechos humanos sean respetados y que todos, sin importar su situación económica, cuenten con una defensa legal de calidad.
Proporcionalidad de las penas
La implementación de políticas de drogas ha tenido un impacto significativo en el incremento del encarcelamiento de mujeres, particularmente en el ámbito de los delitos menores relacionados con drogas, siendo América Latina la región con más personas encarceladas del mundo. Las mujeres criminalizadas por este tipo de delitos suelen pertenecer a sectores sociales vulnerables, con baja escolarización y una débil o inexistente relación con el mercado laboral formal. Esta situación de vulnerabilidad socioeconómica las coloca en posiciones subalternas dentro del mercado de drogas, muchas veces como transportadoras o vendedoras de pequeñas cantidades. A pesar de su rol marginal en la estructura criminal, son ellas quienes enfrentan sanciones desproporcionadamente severas, similares a las de personas con mayor participación en el comercio de drogas.
Entre las medidas recomendadas están la necesidad de mejorar la proporcionalidad, la importancia de tener en cuenta el contexto social y económico de las mujeres, los factores de violencia o coacción, así como las responsabilidades de cuidado. También se aconseja trabajar activamente para eliminar los estereotipos de género que puedan influir en el proceso judicial. Uno de los aspectos más importantes es promover el uso de medidas alternativas destacando las ventajas para las mujeres y sus dependientes.
Futuros pasos
En los próximos meses, el programa COPOLAD III, impulsará medidas de alternatividad en diversos países como: un documento técnico-jurídico de defensa para mujeres en colaboración con la Defensa Pública de Paraguay, un proyecto de ley para implementar comisiones de disuasión inspiradas en el modelo portugués en Trinidad y Tobago, y una propuesta para introducir procesos de justicia restaurativa para personas jóvenes que cometen delitos menores de drogas en República Dominicana, y se publicará un protocolo para la correcta implementación de la justicia restaurativa en Costa Rica, tras la sanción del artículo 77 bis de la ley 8204.
Finalmente, en 2025 se espera que la Asamblea General de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) apruebe el documento de Estándares Regionales para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria como elemento clave de un Pacto Regional sobre proporcionalidad y alternatividad penal frente a los delitos menores de drogas.
La apuesta por la alternatividad de los delitos menores de drogas está liderada por la FIIAPP en el marco el programa COPOLAD con el apoyo de eGob Tirant.
