Brasil y Colombia firmaron un acuerdo en el marco del programa COPOLAD III para regularizar el destino social de los bienes incautados al narcotráfico.
COPOLAD III apoyará la investigación para crear un marco regulatorio que definirá cómo se podrá utilizar el dinero incautado al narcotráfico en acciones que promuevan el desarrollo sostenible.
“El objetivo de esta acción es apoyar la formulación de regulaciones, marcos normativos y procedimientos que permitan la resignificación y el uso social de bienes decomisados al narcotráfico, orientando su destinación a iniciativas alineadas con los objetivos de las Políticas Nacionales de Drogas de Colombia y Brasil, en particular aquellas vinculadas al desarrollo alternativo, la inclusión social, la reparación de territorios afectados y el fortalecimiento del tejido social mediante acciones estratégicas de administración y uso de dichos bienes”, explicó Massimo Meccheri, técnico del programa COPOLAD III
Como parte del apoyo, COPOLAD III asignará tres consultores (uno para cada país y uno binacional), facilitará talleres, visitas de estudio y un seminario final con la participación de expertos europeos y latinoamericanos.
Este proyecto en Brasil y Colombia se inicia este mes y finaliza en octubre de 2025. En toda América Latina, COPOLAD III acompaña otras acciones para el uso social de bienes incautados al crimen en otros países como Costa Rica y Uruguay.
“Los territorios no están solos y la vida merece ser defendida”
La titular de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD), Marta Machado, firmó el documento en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de Brasil. Para ella, el acuerdo permitirá a su país avanzar en la incautación de bienes en las acciones contra el narcotráfico, un área en la que el país ya está obteniendo resultados significativos.
“Con la firma del acuerdo, podremos desarrollar la experiencia que países como Italia ya tienen en la destinación social de los bienes incautados y hacer que los valores vuelvan a las comunidades, en una estrategia que integra el desarrollo alternativo sostenible en la política sobre drogas”, reforzó Machado.
Por su parte, el director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, Alexander Rivera, dijo que este apoyo es fundamental, porque reafirma que la política de drogas de Colombia se centra en la vida, en los derechos humanos, en el medio ambiente y no solo en los laboratorios destruidos o en las toneladas incautadas.
“Transformar los bienes del narcotráfico en escuelas, centros comunitarios o proyectos productivos es arrebatarle territorio al miedo y devolvérselo a la esperanza. Este respaldo de COPOLAD III y la Unión Europea nos permite seguir creyendo que sí se puede, que los territorios no están solos y que la vida, en todas sus formas, merece ser defendida”, dijo Rivera.
Esta acción binacional se enmarca en las prioridades estratégicas de ambos países en materia de drogas y busca garantizar la sostenibilidad de los procesos, más allá del periodo de intervención, alineándose con los principios de derechos humanos, equidad de género y desarrollo sostenible promovidos por la Unión Europea.
