“El Programa COPOLAD III, contribuye a la Política Nacional de Drogas 2023-2033: Sembrando vida, desterramos el narcotráfico de Colombia y comparte la aspiración de proteger la salud y el bienestar de su población. El narcotráfico es sin duda un problema de seguridad, pero también es un problema social y de derechos humanos.
La reutilización social de los bienes decomisados tiene impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado y también un impacto positivo en la dimensión política y social, cuando el Estado logra recrear un vínculo con la ciudadanía de territorios que han sufrido la presencia del narcotráfico y, a través de la restitución directa al territorio de los recursos sustraídos ilegalmente, estos recursos se vuelven un “bien común”.
Lo explicaba así Jorge Schreiber, jefe adjunto de misión de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, en el encuentro de dos días que terminó hoy en Bogotá para presentar las recomendaciones de diversos expertos y expertas de la Unión Europea para destinar los activos recuperados al narcotráfico, en base a la experiencia italiana de recuperación de activos de la mafia. Se trata de un trabajo que beneficiará a Colombia pero también a todos los pueblos que se ven afectados por el narcotráfico.
El proceso de fortalecimiento del modelo de uso social y comunitario de los bienes incautados se inició hace dos años, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Drogas. A lo largo de este periodo, se realizaron seis mesas de trabajo en los departamentos de Bolívar (Cartagena), Antioquia (Medellín), Valle del Cauca (Cali), Norte de Santander (Cúcuta), Risaralda (Pereira), y en la capital del país, Bogotá, para el Distrito Capital y Cundinamarca. En estos encuentros se promovió el diálogo interinstitucional y comunitario para construir propuestas que garantizaran el aprovechamiento efectivo de estos activos.
Cada una de las mesas contó, además con el apoyo de la Unión Europea, con la participación de representantes de instituciones gubernamentales, comunidades locales y organizaciones civiles, logrando consolidar estrategias para el aprovechamiento de los bienes bajo principios de legalidad, inclusión y sostenibilidad. Estas experiencias sirvieron para estructurar un modelo integral de uso comunitario que responda a las realidades de cada territorio.
Un nuevo modelo para la SAE
El trabajo articulado permitió consolidar un modelo que transforma los bienes incautados al crimen organizado en proyectos productivos que fortalecen la economía popular, contribuyendo al cumplimiento del Acuerdo de Paz y la Paz Total. De esta manera, el Gobierno nacional sigue avanzando en la consolidación de estrategias que promuevan la justicia social, el desarrollo económico y la reparación integral de comunidades históricamente afectadas.
En el evento realizado en Bogotá participó la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, la Ministra de Justicia y el Derecho de Colombia , Ángela María Buitrago, Jorge Schreiber, jefe adjunto de misión de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, representantes de Italia, de la sociedad civil y otras instituciones colombianas.
