36 millones de personas en todo el mundo sufrieron trastornos por consumo de drogas en el año 2020.  Además, en los próximos años, se prevé que la cifra de las personas que consumen drogas se incremente un 11%. Es necesario que, a pesar de las contracciones presupuestarias, se dedique especial atención a las vulnerabilidades relacionadas con el abuso de drogas.

El mercado de drogas ilícitas sigue bajo el control de grupos criminales y sigue siendo un enorme negocio cuyos incentivos afectan de manera significativa a muchos países, sus instituciones, sus economías y sus dinámicas sociales. Aunque la opacidad hace difícil contar con datos contrastados, se calcula que ese sector mueve anualmente entre 426 y 652 mil millones de dólares, lo que equivaldría, en términos de PIB, situarse a la altura de países como Suecia, ocupando el lugar del país 21 del mundo.

La resiliencia de los mercados de drogas ilícitas durante la pandemia ha demostrado una vez más la capacidad de los traficantes para adaptarse rápidamente a los cambios de contexto y circunstancias.

América del Sur es el origen de la producción total de la hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína en todo el mundo. La superficie total destinada al cultivo ilícito de la planta de coca en América del Sur creció de las 120.600 hectáreas en 2013 a un récord histórico de 245.000 en 2017, lo que equivale a medio millón de campos de futbol solo en Sudamérica. Al igual que ocurre en el menudeo, o pequeño tráfico de drogas urbano, es necesario tener en cuenta el contexto económico y social: muchos campesinos y campesinas pobres recurren a cultivos de drogas como una herramienta para salir de la pobreza.

Las intervenciones de política pública basadas exclusivamente en la interceptación de drogas y el arresto y enjuiciamiento de los actores del mercado ilícito muestran sus límites cuando no forman parte de una estrategia integral para combinar un trabajo de inteligencia sólido, combinando medidas de seguridad ciudadana y desarrollo, empleo digno, protección social, respeto a la legalidad y confianza en las instituciones.

Además, las estructuras criminales actuales sobreviven a las operaciones de interdicción si sus ganancias no se ven directamente afectadas. Por lo tanto, la identificación y la incautación de activos resultantes de actividades delictivas se vuelve fundamental para una estrategia eficaz de lucha contra el tráfico de drogas.

Asimismo, en numerosos casos, una legislación de drogas marcadamente punitiva se ha convertido en un factor determinante en el aumento de las tasas de encarcelamiento y, a menudo, hacinamiento y deterioro significativo de las condiciones de vida en las cárceles en los países de la región.