En el marco de la cooperación internacional, el programa COPOLAD III busca la integración de la perspectiva de derechos humanos en las políticas de drogas. Este esfuerzo, alineado con la Estrategia Europea de Drogas, contribuye a tender puentes con América Latina y el Caribe para desarrollar iniciativas que prioricen el bienestar, la dignidad y la inclusión social de las personas y comunidades afectadas en ambas orillas.
COPOLAD III aborda esta tarea con un enfoque transversal, trabajando de la mano con los países para implementar soluciones innovadoras y sostenibles. Su impacto es particularmente notable en áreas como la reducción de daños, la promoción de alternativas económicas y el fortalecimiento local y comunitario, aunque también está incluido en diversas áreas de trabajo como la inclusión económica o el desarrollo alternativo (DAIS).
Reducción de riesgos y daños
Uno de los aspectos más destacados del programa es su compromiso con el derecho a la salud. Mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad, a menudo los más afectados por las barreras de acceso a tratamientos, están en el centro de estas iniciativas. En México, por ejemplo, las políticas de reducción de daños que se acompañan impulsan la mejora de tratamiento y atención a la población LGTBIQ+ con consumo problemático a través de guías y cajas de herramientas. Este enfoque de derechos se refleja en las guías y formaciones destinadas también a mejorar la calidad de servicio de atención a personas con consumo de metanfetamina y fentanilo. En Colombia se trabaja con el Gobierno en la mejora de un diagnóstico y sostenibilidad de la reducción de daños en el marco de la nueva estrategia de drogas. El Programa acompaña, asimismo, a 12 países en la implementación de iniciativas de desarrollo comunitario, que sirven de red de apoyo y salud a las personas que consume o están en riesgo de caer o recaer en las redes del narcotráfico.
Humanización de la justicia penal
De la mano de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), COPOLAD III colabora en la mejora de la proporcionalidad y las alternativas a las penas para los actores menores del narcotráfico, especialmente las mujeres, así como por soluciones alternativas a la privación de libertad, que tienen un impacto considerable en la región. Además, el programa acompaña iniciativas legislativas y judiciales en Costa Rica, República Dominicana, Paraguay o Trinidad y Tobago a través del desarrollo de asistencias técnicas, lineamientos y protocolos que mejoran la calidad y efectividad de las leyes.
Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el programa está trabajando para que las investigaciones de las fiscalías aborden de forma más integral, articulada y respetuosa los derechos fundamentales de las víctimas de trata de personas, cuya vulneración de derechos puede verse agravada cuando son además obligadas participar en actividades de narcotráfico. Se hará un aterrizaje de estas recomendaciones en las fiscalías de Argentina, Paraguay y Brasil.
Laboratorios de Innovación
El programa pone énfasis en un enfoque innovador, plasmado en los laboratorios de innovación social en el ámbito de las políticas públicas de drogas. Se trata de espacios diseñados para experimentar y desarrollar nuevas soluciones desde una perspectiva de derechos humanos. En Perú, por ejemplo, se está implementando un sistema de alerta temprana para prevenir delitos ambientales y proteger a los defensores de derechos humanos en la Amazonía. Mientras tanto, en Uruguay, las iniciativas se centran en la inclusión social y económica de mujeres que han enfrentado contextos adversos debido a su vinculación con las drogas. En Chile y Colombia, los prototipos activados de los laboratorios ponen el foco en la juventud y en enfoque que mejoren la prevención, atención e inserción económica.
Observatorios de Drogas
COPOLAD III ha trabajado estrechamente con los Observatorios Nacionales de Drogas de América Latina y el Caribe para aportar herramientas analíticas que incluyan un enfoque diferencial y de derechos humanos, así como enfoque de género. Las guías elaboradas en este sentido, por COPOLAD III y los observatorios de la región, permiten que los países diseñen políticas más inclusivas y adaptadas a las necesidades de sus poblaciones.
Sociedad civil
El vínculo con la sociedad civil también ha sido fundamental para desarrollar el enfoque de derechos. COPOLAD III ha colaborado dando formación y enlazando proyectos de desarrollo comunitario con iniciativas públicas con la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) o la Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD). También a través de la promoción del uso social de los bienes incautados con organizaciones como Libera o la colombiana Corporación Viviendo o el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).
Con cada paso, COPOLAD III reafirma su misión de mejorar las políticas de drogas, promoviendo soluciones que respeten y fortalezcan los derechos humanos. Su labor demuestra que un enfoque inclusivo y centrado en las personas puede generar resultados humanos y más efectivos para las políticas públicas de drogas de América Latina y el Caribe, así como en la Unión Europea.
