El pasado jueves 13 de noviembre el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) presentó los principales hallazgos y recomendaciones sobre la evaluación de la Política Nacional de Drogas en Costa Rica, junto con el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de Política de Drogas (COPOLAD) y en colaboración con el Observatorio Costarricense de Drogas,.
El estudio abarcó el período 2005–2025, se desarrolló en las siete provincias del país y se realizó conforme a la guía metodológica de COPOLAD III. Incluyó una revisión documental exhaustiva, grupos focales con actores clave y el análisis de información institucional. La evaluación se centró en cuatro ejes principales:
- Tratamiento
- Prevención
- Reducción de riesgos y daños
- Encarcelamiento/justicia restaurativa.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe evidencia que las políticas de drogas en el país pasaron de ser un enfoque centrado en seguridad a normativas más integrales que priorizan la salud pública, los derechos humanos y la coordinación interinstitucional. Un ejemplo de ello es a aplicación de la Ley N.° 8204, la cual diferencia el tráfico ilícito del consumo personal de drogas, orientando este último al ámbito sanitario en lugar del punitivo. Este cambio representa un avance significativo al tratar el consumo como un tema de salud, prevención y rehabilitación, y no como un delito, en concordancia con los principios de derechos humanos y justicia restaurativa.
Además, resalta que la Estrategia Nacional sobre Drogas 2020-2030 ordena la rectoría y la coordinación entre el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y los gobiernos locales.
Por otro lado, entre los principales retos señalados, el informe recomienda aprovechar los estudios ya elaborados para medir costos y resultados, y usar esa información para mejorar la planificación y el presupuesto.
Proporcionalidad y alternatividad para delitos menores de drogas
También propone fortalecer la justicia restaurativa, dando prioridad a las mujeres y garantizando apoyo social y económico después de cumplir las medidas alternativas a la prisión. El Programa COPOLAD III ha colaborado con el Poder Judicial de Costa Rica y el ICD en la humanización de la justicia penal en el país, y en especial en el desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad para mujeres con delitos menores de drogas.
En materia de prevención, plantea diseñar acciones adaptadas a las realidades de cada territorio y población, y darles seguimiento para medir su impacto. Finalmente, el estudio señala que es importante reforzar las acciones para reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas, por medio de campañas de información y trabajo conjunto con las comunidades.
La presentación, que se realizó de forma online, contó con la participación del Ministro de la Presidencia de Costa Rica, Sr. Jorge Rodríguez Bogle, del Director del ICD, Sr. José Miguel Gómez Chavarría, y del Embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Sr. Pierre-Louis Lempereur, lo que evidencia el fuerte respaldo político e institucional al proceso.
