Costa Rica reafirma su liderazgo regional en la promoción de una justicia penal más humana e inclusiva al presentar el Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a Mujeres que Cometen Delitos Menores de Drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204. Este instrumento, desarrollado por el Poder Judicial de Costa Rica junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), ha contado con el apoyo técnico del Programa COPOLAD, financiado por la Unión Europea.
El protocolo tiene como objetivo ofrecer alternativas al encarcelamiento de mujeres en situaciones de vulnerabilidad que han cometido delitos menores de drogas. Estas medidas buscan priorizar la rehabilitación, la reintegración social y la reducción de la reincidencia, a través de un enfoque restaurativo y con perspectiva de género. El documento se alinea con estándares internacionales en justicia restaurativa y derechos humanos, consolidando a Costa Rica como referente regional en políticas penales alternativas.
“El enfoque restaurativo que hoy celebramos es una propuesta transformadora que va más allá de la simple sanción y busca, en cambio, la reparación, la rehabilitación, y la inclusión. En este esfuerzo, la Unión Europea juega un papel fundamental. A través del programa COPOLAD III, la respuesta de la Unión Europea hacía políticas de drogas más efectivas y humanas, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el fortalecimiento de la justicia restaurativa en América Latina y el Caribe“, expresó el embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur.
Además, se busca que los actores involucrados reconozcan las desigualdades estructurales existentes y promuevan prácticas que garanticen los principios fundamentales de la Justicia Restaurativa. Para ello, el Protocolo incluye aspectos fundamentales, que van desde definiciones, desarrollo de conceptos clave o el análisis de instrumentos de derecho internacional que dan contenido al enfoque de género, hasta sugerencias para el abordaje desde la Justicia Restaurativa de las mujeres ofensoras por el artículo 77 bis de la Ley 8204, la participación de equipos legales y psicosociales, así como de las autoridades judiciales.
Coordinación entre instituciones
La presentación subraya la importancia de un trabajo interinstitucional articulado, involucrando actores como la Delegación de la UE en Costa Rica, el Ministerio de Justicia, el ICD, IAFA o la Fiscalía General y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), quienes desempeñan un rol crucial en la implementación efectiva del protocolo.
Transformando la justicia en América Latina
El Protocolo para la Aplicación de la Justicia Restaurativa es parte de un esfuerzo regional promovido por el Programa COPOLAD. Acciones similares están en marcha en países como República Dominicana, Paraguay y Trinidad y Tobago, enfocándose en la humanización de las políticas penales y en la construcción de estándares regionales con perspectiva de género.
Según el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rector de la Justicia Restaurativa en Costa Rica, “este protocolo es una muestra del compromiso de Costa Rica por construir un sistema de justicia que priorice a las personas y sus necesidades, fortaleciendo tanto los derechos humanos como la cohesión social”. El protocolo será implementado gradualmente, con capacitaciones y monitoreo continuo para garantizar su efectividad. Además, se prevé su adaptación como modelo replicable para otros países de América Latina y el Caribe, con miras a consolidar un enfoque restaurativo sostenible y alineado con las realidades regionales.
