Autora: Lucía Anabitarte, comunicadora en COPOLAD III
Ha sido un vuelo largo y el calor húmedo de Cali nos golpea y abriga a partes iguales. Atrás hemos dejado un inicio de otoño en Madrid donde asoman las primeras lluvias, pero donde el campo sigue amarilleando. Llegamos de noche y para mí es una ciudad (y un país) nuevo, así que me entretengo mirando por la ventanilla del coche que nos lleva al alojamiento, tratando de vislumbrar los colores y las formas de la ciudad en movimiento.
Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia y el epicentro de la salsa. Nuestro destino en este viaje es la comuna 9 y, en concreto, el barrio de Sucre, una de las comunidades con mayores vulnerabilidades del país.
Desde hace un año el Agirre Lehendakaria Center de la Universidad del País Vasco, en el marco de COPOLAD III, desarrolla varios laboratorios de innovación social en Sucre (Cali) y El Porvenir (Santander de Quilichao). Lo hace junto al Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, asociaciones relacionadas con el consumo problemático de drogas, fuerzas de seguridad, salud, educación y juventud, entre otros. “Laboratorios” porque son espacios de experimentación, “de innovación” porque buscan dar respuestas diferentes a través de un aprendizaje compartido y “social” porque lo hacen con propuestas que nacen de las propias comunidades.
Es una fórmula que pronto me fascina, ya que permite experimentar y probar soluciones frente a los retos que presenta una realidad concreta y desde iniciativas de aquellos que la habitan. Estos laboratorios impulsan realidades posibles que alejan a estas comunidades y a sus habitantes del estigma y de las narrativas que bloquean los cambios en la percepción propia de usuarios y usuarias de drogas y los avances sociales en el barrio. En el contexto de Cali y Santander de Quilichao estos laboratorios buscan abordar la inclusión social y la problemática de las drogas con foco en jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Gracias a un proceso de escucha de la sociedad civil y las instituciones locales y de mapeo de iniciativas ya existentes que abordan esta cuestión, se han propuesto, hasta el momento, más de 40 proyectos. Entre ellas, un huerto urbano, un restaurante comunitario, una casa cultural, una cooperativa de emprendimientos gastronómicos liderados por mujeres y un museo en torno al alimento. Todas con un objetivo clave: prevenir el uso de drogas y evitar la vinculación de los jóvenes a economías ilegales.
Los laboratorios son una de las líneas de trabajo que impulsa COPOLAD III en el marco de la Política Nacional de Drogas de Colombia, que tiene como uno de los ejes centrales el cambio de narrativas, la reducción de daños asociados al consumo de drogas y la inclusión social. Frente a vulnerabilidades muy extremas, estos espacios de co-creación propician narrativas positivas y de una fuerte resiliencia que impulsa acciones locales frente al estigma. “Los laboratorios han identificado todos los recursos existentes en el territorio y han puesto en marcha un proceso de escucha para entender en profundidad todas las dimensiones de esta problemática. Además de instituciones públicas, la iniciativa ha dado voz a la comunidad y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, apunta Julia Martínez, del equipo de Agirre Center.
Nuestra visita a Cali concluye con el cierre del taller “Bosque de la Memoria”, una iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia para construir y transformar narrativas en las comunidades afectadas por las drogas y el narcotráfico. Creo que el arte es una herramienta poderosa de escucha, comunicación y cambio, y observo cómo este espacio permite transformar el territorio desde la voz de su población para impulsar políticas públicas territoriales en consonancia. Un espacio de escucha diferente que alienta, a través de la imagen, a que los y las habitantes del barrio impulsen realidades posibles, rompan con el estigma y construyan nuevos paisajes e imaginarios colectivos de su comunidad.
El taller, desarrollado por la Fundación VIST (“Visual Is Telling”), finaliza con la toma de una serie de fotografías que los y las participantes hacen en el barrio para expresar la problemática desde su cotidianidad, ofrecer soluciones a la misma y seguir tejiendo lazos comunitarios.
Jorge Moreno Blanco, tallerista de VIST, me cuenta cómo ha sido el transcurso del taller: “llegaron diciendo que eran adictos”. En ocasiones, en esta sociedad “alguien que tiene un problema de consumo deja de ser alguien y se vuelve su consumo. Con el tiempo siento que ellos mismos, al verse parte de estos procesos, ven que hay gente que les mira desde otro lado y ellos mismos sienten que pueden ser otras cosas. Uno de los participantes me dijo ‘profe, hace mucho que nadie me miraba con dignidad como lo hace usted y eso para mi es muy valioso’”.
“Dejar de ser alguien y volverse su consumo”
Me impactan estas palabras y reflexiono sobre la importancia de devolver la dignidad a los usuarios y usuarias de drogas. Creo que las palabras tienen el poder de abrazar, pero también el de herir y marcar con cicatrices la piel. Pienso que es una responsabilidad social el curar estas cicatrices y trabajar en un cambio de lenguaje y de mirada hacia las personas que consumen drogas y hacia las comunidades que habitan para no reproducir el estigma al que tanto tiempo han estado sujetas. Por eso, siento tan importante la labor de COPOLAD y las políticas públicas para seguir contribuyendo a modificar este cauce.
Uno de los jóvenes que participa es Jefferson. Tiene 32 años, está en tratamiento con metadona y acude a Corporación Viviendo a realizar distintas actividades que se ofrecen: curso para aprender a hacer ambientadores o confección de pulseras de hilo chino. Comparte su historia de vida con nosotras y nos agradece el estar allí. Sin embargo, soy yo la que agradece la enorme generosidad de compartir tanta intimidad.
En este momento no puedo evitar tener un pensamiento que me resulta clave: yo estoy de paso acá, toco esta realidad fugazmente. De ahí la importancia de una política pública que genere sostenibilidad en el tiempo, se comprometa a largo plazo con una necesidad y emplee recursos económicos y humanos para abordarla. Solo a través de este compromiso institucional y con los conocimientos de la sociedad civil se pueden construir políticas públicas duraderas y conectadas con la realidad que desplacen las narrativas que estigmatizan a las personas con consumos problemáticos de drogas. Me siento afortunada de poder formar parte de este proceso y de comunicar estos cambios sociales para que las palabras no dejen más rastro en la piel.
