- Después de su experiencia en la Vicepresidencia de la 70ª Asamblea Mundial de la Salud en 2016. ¿Cómo valora la importancia de la cooperación internacional en la promoción de políticas de drogas basadas en los principios de la salud pública en el Caribe?
Con respecto a la promoción de políticas de drogas basadas en los principios de salud pública en el Caribe, el Gobierno de Surinam hará todo posible y lo que esté a su alcance para fortalecer las relaciones y asociaciones internacionales para afrontar esta amenaza a nivel nacional. Trabajando juntos, los caribeños, podemos desarrollar nuevas estrategias estructuradas y maneras de prevenir el uso indebido de drogas en la sociedad.
- Subraya Ud. la importancia del trabajo conjunto. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales desafíos comunes en relación con las drogas en la región y en qué medida puedentener relevancia el diálogo interregional e internacional en los países del Caribe frente a estos desafíos?
Los principales desafíos son: Proporcionar una prevención cualitativa y tratamiento adecuados a las personas del Caribe, en un mundo globalizado en rápida evolución en que las necesidades del individuo corren el riesgo de ser oprimidas; innovar con presupuestos reducidos, dialogando necesariamente, para intercambiar ideas y aprender unos de otros, y tratar de poner en práctica lo aprendido, adaptándolo a las situaciones de origen.
- Usted enfatiza la necesidad de adoptar estrategias integrales para reducir la demanda de drogas. ¿Cuánta importancia concede su país a las diferentes líneas de actuación en esta área y qué considera que debe ser priorizado por la estrategia de la política de drogas en Surinam en los próximos años?
El Consejo Nacional Anti-Drogas (Nationale Anti-Drug Raad, NAR) tiene el apoyo total del gobierno para ser implementada. Debe darse prioridad al Tribunal de tratamiento de drogas, ya que, aunque la ley ha sido ya aprobada, las leyes orgánicas no están listas todavía. También se presta atención a la cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, el PCS y las diversas instituciones asistenciales; sin embargo, todavía no está claro quién hace qué y quién es responsable de la financiación.
Otras de las prioridades es la mejora de la recogida de datos y el departamento de análisis de la NAR llamada Red Epidemiológica de Drogas de Surinam (Suriname Epidemiological Network on Drugs, SURENDU). En la actualidad, la recogida de datos se realiza a través de los datos del tratamiento de la OEA.
- Es interesante que Surinam ya esté recogiendo datos, a través de su Observatorio Nacional de Drogas –puesto en marcha en 2005 y relanzado en 2010, como una prioridad para el Consejo Nacional Anti-Drogas –. ¿En qué medida considera usted que las actividades que se desarrollan en COPOLAD pueden apoyar este esfuerzo?
Aprender de las experiencias de los países de la región gracias al apoyo proporcionado desde COPOLAD, puede ser un apoyo especial para la reactivación de la red colectiva de datos SURENDU.
- ¿En qué medida tener datos fiables sobre la prevalencia en el país contribuye a mejorar o realizar acciones conjuntas para abordar la prevención y el tratamiento?
En contribuir a la toma de decisiones políticas desde el Consejo Nacional Anti-Drogas y desde las diferentes instituciones implicadas en el diseño de políticas desde las áreas de prevención y tratamiento. Ayuda, además, a ofrecer servicios de calidad, y de prevención y tratamiento, basados en la evidencia a grupos específicos como jóvenes no escolarizados, hogares monoparentales, barrios pobres y escuelas.
- Hace hincapié en los servicios de calidad en prevención y tratamiento; además, observamos que incorporan la reducción daños en esta estrategia nacional. ¿Podría explicar con más detalle cómo esta área de intervención se articula en su país?
En el Plan General Nacional de Drogas, bajo el área de intervención 5, se contempla proveer de equipamiento especial a las personas drogodependientes sin hogar y trabajadores sexuales, así como tomar precauciones especiales para grupos vulnerables, como los consumidores de drogas en la calle y los trabajadores sexuales. De acuerdo a nuestras previsiones, en nuestro país, la reducción de daños se centra más en garantizar el derecho de estos grupos vulnerables al acceso a asistencia sanitaria e información asistencial en el ámbito de la salud; protegiendo, en suma, los derechos humanos de estas personas. La asistencia no se realiza de forma coercitiva, sino informando acerca de los posibles efectos nocivos del trabajo sexual y el uso de drogas. La información dada se centra en sobre cómo minimizar el daño potencial, y dónde es posible recibir orientación en caso de que se necesitar ayuda.
Algunos ejemplos son el Proyecto de Asistencia Ambiental de la Oficina de Techo e Indigencia de la Comunidad de Trabajo para la Salud y el Proyecto de Alcance “Loving Hands”.
