Los impactos ambientales del narcotráfico en América Latina y el Caribe continúan expandiéndose. Nuevos territorios se ven afectados, los daños acumulados crecen, y las respuestas institucionales aún no alcanzan la escala del problema.
El narcotráfico genera deforestación, contaminación de suelos y agua, y degradación de ecosistemas frágiles. Estos efectos se amplifican cuando convergen con otras economías ilegales —minería, tala, acaparamiento de tierras— y cuando el lavado de activos financia la expansión de la frontera agrícola. Los daños no se limitan a los países productores y también afectan a países de tránsito, donde la infraestructura clandestina fragmenta corredores biológicos y áreas protegidas.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como los liderazgos ambientales, enfrentan riesgos crecientes. Las amenazas contra quienes defienden el territorio debilitan la gobernanza local y dificultan respuestas sostenibles. Sin embargo, hay señales de avance. Brasil, Colombia y Perú han comenzado a integrar la dimensión ambiental en sus políticas de drogas. Y en 2025, la Resolución 68/5 de la Comisión de Estupefacientes —el primer instrumento multilateral que reconoce explícitamente este vínculo— abrió una ventana de oportunidad a nivel internacional.
Este documento presenta las oportunidades y desafíos identificados en la Caja de Herramientas “El Punto de Retorno”, desarrollada por COPOLAD para acompañar a los países en este camino.
