Durante décadas, los sistemas penitenciarios iberoamericanos han estado marcados por profundas tensiones entre la función punitiva de la pena y la necesidad de garantizar la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Hacinamiento, condiciones de reclusión inadecuadas, la invisibilización de colectivos especialmente vulnerables y la ausencia de programas eficaces de reinserción social han exigido respuestas urgentes y transformadoras.
En este contexto, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y COPOLAD III crea esta herramienta operativa para promover reformas que respeten la dignidad de las personas, fortalezcan la proporcionalidad de las penas y amplíen el uso de alternativas al encarcelamiento.
Este documento constituye, además, un llamado a la acción: dirigido a los Estados, a los operadores de justicia y a todos aquellos actores comprometidos, para que avancemos juntos hacia una justicia más eficaz y verdaderamente humana. Porque sólo cuando el sistema penal respeta la dignidad de todas las personas, incluso de quienes han infringido la ley, podemos hablar de justicia en su sentido pleno. Finalmente, la humanización de la pena no debe entenderse como un acto de indulgencia, sino como una convicción ética, jurídica y democrática que orienta la justicia hacia el respeto irrestricto de la dignidad humana, la salvaguarda de los derechos fundamentales y la reinserción social efectiva.
