La aplicación de la perspectiva de derechos humanos en las políticas de drogas está directamente relacionada la importancia de poner el foco en la salud y los factores de vulnerabilidad a la hora de elaborar políticas.
América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de personas encarceladas por delitos de drogas, muchas de las cuales se vieron impulsadas al consumo o el tráfico de drogas por su adicción o por la exclusión social. Los altos niveles de encarcelamiento no sólo tienen un impacto negativo sobre las personas que están presas, sino que supone una carga económica y de estigma para las familias, así como un círculo vicioso de exclusión social que pasa de padres a hijos. La inclusión de estas personas, que en muchos casos cargan con antecedentes penales, es también un gran reto para la región.
Para conocer la situación en las prisiones y la política de descriminalización del consumo de drogas y de reducción de daños en las cárceles de Portugal desde el 28 al 30 de octubre se reunieron en Portugal representantes de Brasil, Colombia, Portugal, Uruguay, Surinam y República Dominicana (estos últimos de forma online). El taller, de 3 días, tuvo como objetivo analizar de forma comparativa buenas práctica y desafíos de derechos humanos en el ámbito penitenciario. El objetivo es impulsar en los países políticas públicas de territorialización para la inserción social de las personas una vez acaba su privación de libertad.
COPOLAD III apoya a 12 países de América Latina y Caribe en el desarrollo de políticas públicas de drogas que incorporen el enfoque comunitario y de territorialización. Estas propuestas, que serán presentadas en estos próximos meses, incluirán aspectos de tratamiento especialmente con jóvenes y mujeres, inclusión social de la población con consumo problemático de drogas o de personas imputadas por delitos menores de drogas.
“Las redes comunitarias tienen un gran potencial para acoger a las personas que retornan a sus comunidades una vez cumplidas sus penas, pero es necesario que esas redes estén conectadas con la política pública: las tasas de reincidencia tanto en el consumo como en el delito serían mucho menores”, explica Raquel Barrios, experta en territorialización del Programa COPOLAD III.
Visita a un hospital prisional
Durante los tres días de trabajo, organizados conjuntamente por COPOLAD y el Instituto de Comportamientos Adictivos de Portugal (ICAD) y dinamizados por la jueza brasileña Karen Souza se pudo debatir sobre vulnerabilidad y exclusión social, derechos humanos y políticas de encarcelamiento y se pudo realizar una visita al hospital prisional de San Juan de Dios, a cargo de funcionarias del Ministerio de Justicia y de Salud de Portugal. Allí se pudieron conocer las políticas de prevención y atención del consumo, reducción de daños con metadona, así como los retos de inclusión social que se tiene una vez las personas salen del centro.
“Ahora mismo en Brasil hay un ambiente adecuado para hablar de inclusión y DDHH en los penales, por eso ha sido importante para Brasil estar aquí para inspirarnos y poder desarrollar un piloto que puedan mejorar estos aspectos”, explica Mayesse Silva Parizi, directora de ciudadanía y alternativas penales, de la Secretaría Nacional de Políticas Penales de Brasil.
