La Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), perteneciente a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), aprobó la semana pasada en su reunión anual celebrada en Chile los documentos encargados al Programa COPOLAD III de la Unión Europea para mejorar las investigaciones de narcotráfico desde la perspectiva ambiental. La Red de Protección Ambiental de la AIAMP, también participante del proyecto, ya había dado su visto bueno a los documentos en octubre de este año.
Con esta aprobación, los productos podrán ser elevados a la próxima Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, donde serán analizados y eventualmente adoptados de forma definitiva por las y los Fiscales Generales de Iberoamérica.
Los documentos, elaborados con financiación de la UE, tienen como propósito central analizar cómo los Ministerios Públicos de la región abordan, desde sus competencias de investigación, persecución penal y en algunos casos de protección y asistencia a víctimas y testigos, los casos de tráfico ilícito de drogas cuando existen daños actuales o potenciales al medio ambiente. A partir de este diagnóstico, la asistencia técnica formuló una serie de lineamientos para apoyar a las instituciones en la creación y fortalecimiento de espacios de coordinación entre fiscales especializados en narcotráfico y equipos responsables de investigar crímenes contra el ambiente.
Como resultado del trabajo desarrollado, se entregaron dos productos principales a las Redes de la AIAMP.
El primero es un diagnóstico regional que analiza:
- Cómo se encuentra tipificado el tráfico ilícito de drogas en los países de Iberoamérica.
- Los daños ambientales actuales o potenciales que genera su comisión.
- La existencia o ausencia de catálogos de delitos ambientales que permitan investigar estos daños o riesgos para los ecosistemas.
- La manera en que los Ministerios Públicos han organizado internamente la especialización en narcotráfico y delitos ambientales, incluyendo unidades, fiscalías especializadas y mecanismos de coordinación entre ellas.
El segundo producto es un documento de lineamientos diseñado para ser aplicado de forma flexible según la realidad institucional de cada Ministerio Público. Propone orientaciones para mejorar la investigación y persecución penal de delitos de narcotráfico con impactos ambientales, abarcando materias como posibles reformas legales, creación de espacios formales de coordinación, gestión adecuada del sitio del suceso, fortalecimiento de la prueba científica, investigación patrimonial y cooperación internacional.
El objetivo final de esta actividad es que los Ministerios Públicos puedan adaptar estos lineamientos para investigar de manera integral fenómenos criminales complejos, con un enfoque sensible al ambiente y sostenible, a la vez que se contribuye a la protección de las comunidades que habitan ecosistemas frágiles afectados por actividades ilícitas vinculadas a la producción, transporte y oferta de drogas.
El componente ambiental de las políticas de drogas está tomando mucha relevancia en los últimos años y es parte de la hoja de ruta política impulsada por el Mecanismo de Cooperación y Coordinación en material de Drogas entre la UE, América Latina y Caribe. COPOLAD III ha elaborado un informe “La destrucción silenciosa” que indica los impactos ambientales del narcotráfico y las políticas de drogas en la región y actualmente desarrolla una caja de herramientas de política pública para los gobiernos de América Latina y Caribe que quieren incluir la perspectiva ambiental en sus políticas de drogas. Por último, el programa también ha elaborado diversas guías de gestión y disposición final de los precursores químicos de drogas teniendo en cuenta los impactos puedan tener en el medio ambiente.
