El jueves 25 de julio de 2024 y en el marco del Seminario de Alertas Temprana de México, organizado por la CICAD-OEA y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de México, fue lanzada la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación en Salud Mental y Adicciones, elaborada con el apoyo del Programa COPOLAD III en la línea de Fortalecimiento de los Observatorios Nacionales de Drogas de ALC.
El Programa COPOLAD III apoya con fondos europeos el impulso de agendas de investigación en diversos países de la región. En el caso de México incluyó la capacitación a la coordinación y profesionales del Observatorio y el seguimiento de cada uno de los productos (mapeo, armado de red, comité científico asesor y agenda nacional). También apoya financieramente la contratación de un profesional local que ha acompañado el desarrollo de las actividades.
Esta labor es una parte importante del área de trabajo sobre Observatorios que impulsa el programa a través del Grupo de Trabajo de «Apoyo estratégico al fortalecimiento de los sistemas nacionales y redes regionales de investigación científica sobre drogas» que lidera México. También incluye mapeos de recursos para la generación de redes de investigación y el desarrollo comités científicos, para la mejora de la evidencia sobre drogas.
La agenda de México se desarrolló gracias a un marco de colaboración entre la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) y el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD III).
La definición y elaboración de una Agenda nacional de investigación expresa un proceso de diálogo entre distintas instituciones académicas, la sociedad civil dedicada a la investigación sobre drogas y el Observatorio nacional sobre los diversos problemas asociados a drogas, como consumos problemáticos, vulnerabilidad por estigma o por exclusión social. Violencias que afectan a la salud integral de las personas en el país, poniendo énfasis en las necesidades de conocimiento para orientar políticas específicas sobre diferentes poblaciones. Implica un ejercicio reflexivo estratégico sobre las prioridades de investigación que garantice la asignación de recursos financieros y humanos y oriente la formación de investigadores e investigadoras a producir conocimiento que sean evidencia científica para el diseño y evaluación de las políticas.
