Por Mariagrazia Passamano, consultora de COPOLAD III. Jurista experta en cooperación internacional en materia penal, con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en asistencia técnica, formación y elaboración de instrumentos jurídicos en diversos países.
El filósofo y jurista Norberto Bobbio, al referirse a la mafia, afirmaba: «Nuestra democracia está sitiada. Es difícil ganar la batalla, liberarse del asedio cuando el enemigo está dentro de las murallas. Pero no hay que desistir. Hay que desalojar al enemigo, aunque estemos convencidos de que el éxito no está al alcance de la mano».
Era 1989, y estas palabras fueron enviadas por Bobbio a los organizadores del encuentro contra la mafia celebrado en Palermo el 3 de septiembre, en el séptimo aniversario de la masacre de vía Carini, en la que fueron asesinados el general italiano Carlo Alberto Dalla Chiesa, su esposa Emanuela Setti Carraro y el agente Domenico Russo.
Desde entonces, los legisladores han intensificado sus esfuerzos para desarrollar y perfeccionar herramientas dirigidas a “erradicar” el poder mafioso, atacando tanto el patrimonio acumulado ilegalmente como los símbolos materiales de su dominio territorial. En este contexto, Italia se ha consolidado como un país pionero, al introducir un instrumento jurídico significativo con la aprobación de la Ley 109 de 1996. Esta ley es fruto del firme compromiso de la sociedad civil, y en particular de la organización Libera. Asociaciones, nombres y números contra las mafias, promovida tras los años más oscuros de las matanzas mafiosas. Esta ley no solo representa una respuesta jurídica significativa, sino también un acto de justicia y dignidad: permite que los bienes confiscados a la mafia sean devueltos a la comunidad, subvirtiendo el orden impuesto por el poder criminal. Así, los territorios que antes estaban sometidos al control del miedo se convierten en baluartes de la resistencia civil. Por conocer la dimensión, a enero de 2023 Italia había destinado más de 21.000 inmuebles beneficiando a más de 1.000 municipios.
La UE respalda el uso social de bienes confiscados a la mafia
Este enfoque ha recibido recientemente un importante respaldo institucional por parte de la Unión Europea. La nueva directiva europea sobre la utilización de los bienes confiscados no solo reconoce expresamente este modelo, sino que lo promueve como práctica ejemplar para todos los Estados miembros.
Colombia avanza hacia la implementación del modelo para el uso social y comunitario
Colombia, por su parte, está avanzando hacia un cambio paradigmático inspirado en esta experiencia. En este proceso de cambio de narrativa, COPOLAD ha prestado apoyo técnico al Ministerio de Justicia y Derecho y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la formulación de un marco normativo y operativo para destinar los bienes confiscados a fines sociales y comunitarios. Se trata de un intento decidido de devolver el sentido a lo que ha sido sustraído a la delincuencia, privando al poder mafioso de sus puntos de referencia territoriales y devolviéndolo al tejido social como señal tangible de un Estado que también está empezando a “erradicar a su adversario”.
Uno de los aspectos más relevantes de esta colaboración ha sido el fortalecimiento de la capacidad de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) para gestionar los bienes confiscados, destinándolos a proyectos que fomenten la transición hacia economías legales en los departamentos más afectados por el narcotráfico. Estos bienes se priorizan en iniciativas de desarrollo comunitario, educación y cultura, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en las áreas más vulnerables.
COPOLAD ha respaldado este esfuerzo de transformación del modelo de la SAE mediante la creación de mesas técnicas interinstitucionales, con la participación de expertos italianos del Ministerio de Justicia y de la Agencia Nacional para la Administración y Destinación de los Bienes incautados y decomisados al crimen organizado.
Consiste en el paso de un modelo de gestión centrado principalmente en el mantenimiento del valor y la posterior monetización de los bienes, a otro que también tiene como objetivo dar a los bienes un uso social y comunitario.
En marzo de 2025, como parte del acompañamiento brindado por COPOLAD el equipo del Programa realizó, por iniciativa de la presidenta de la SAE, Doctora Amelia Pérez Parra, visitas a dos bienes inmuebles confiscados en Colombia. El primer inmueble que perteneció al crimen fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) el 20 de mayo de 2024 Colectivo Justicia Racial, liderado por Alí Bantú Ashanti, para el proyecto «Casa de la Justicia Racial y los Derechos Humanos», una organización interdisciplinaria que trabaja por la defensa de los derechos humanos, con especial atención a las comunidades de origen africano y a las afectadas por el narcotráfico y la violencia. El segundo inmueble visitado fue Villa Adelaida, situada en Bogotá, adquirida por Pablo Escobar. El inmueble, que en su día estuvo vinculado a actividades del crimen organizado, fue asignado al Ministerio de Cultura con el objetivo de darle un uso que promueva la educación, la cultura y la justicia social.
En toda América Latina, COPOLAD III acompaña otras acciones para el uso social de bienes incautados al crimen en países como Costa Rica, Uruguay o Brasil.
Para mí, como experta italiana que ha participado en este proceso con Colombia, visitar sitios que en el pasado fueron focos de desesperación y que ahora se han convertido en espacios de legalidad, esperanza y posibilidad es una forma tangible de experimentar este cambio. En esos lugares parecen resonar por todas partes las palabras del premio Nobel, Gabriel García Márquez: «Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestilencias, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras seculares han logrado reducir la tenaz ventaja de la vida sobre la muerte».
