Los Ministerios Fiscales tienen un papel fundamental para afrontar la violencia contra las mujeres. Entrevistamos a Mariela Labozzetta, Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de Argentina.
Además de estas funciones, también es responsable de a Red Especializada en Género (REG) de la AIAMP con la que trabajamos desde el Programa COPOLAD para generar nuevos enfoques preventivos y de tratamiento penal para mujeres y personas de colectivos LGTBI+ utilizadas por el narcotráfico en la producción, transporte o microtráfico de drogas, mediante su captación por redes de trata de personas.
1) ¿Cuáles son las principales problemáticas de violencia a las que se enfrentan las mujeres de América Latina y Caribe?
La violencia de género es una problemática estructural y que atraviesa todo el entramado social, por eso se expresa en todos los ámbitos y contextos en los que se despliega la vida comunitaria. Los avances en esta materia lograron una gran visibilidad de la violencia doméstica o intrafamiliar, coincidentemente con el espacio que históricamente se ha reservado a las mujeres: el espacio privado, en sus roles de esposas y madres.
Ya los femicidios o feminicidios, como la expresión de mayor gravedad de la violencia contra las mujeres, registran distintos contextos, lo que da cuenta de esta dimensión absoluta de la violencia machista: se ejecutan femicidios por parte de parejas o familiares, pero también femicidios en contextos de encierro, en contextos de crímenes de lesa humanidad, genocidios o conflictos armados, femicidios en el marco del crimen organizado o complejo, en contexto de encierro, cometidos por violencia institucional, travesticidios o transfemicidios, sin ser esta una lista cerrada.
Pero la violencia motivada en género también tiene otras expresiones antes de llegar al ámbito feminicida, como la violencia física, la violencia psicológica o económica, la violencia sexual, también expresada en múltiples ámbitos –en la vía pública en forma de ataques o asaltos por parte de desconocidos, en el ámbito íntimo, por medios digitales, la violencia sexual utilizada como arma de tortura, la explotación sexual masiva a mujeres, entre muchas otras–; también la violencia institucional o laboral, la violencia política que en los últimos tiempos se incrementó contra mujeres lideresas, contra defensoras de derechos humanos, contra activistas o periodistas. Incluso los avances tecnológicos y las redes sociales se han convertido en herramientas de persecución y amedrentamiento con miras a disciplinar a mujeres que ocupan roles de poder o de difusión de ideas asociadas a la promoción de derechos.
Encarar el fenómeno desde esa dimensión estructural permite poner sobre la mesa que las desigualdades entre los géneros, la discriminación basada en el género y los estereotipos de género son la causa directa de las violencias.
2) ¿Cómo puede la Administración Pública aportar soluciones a estos problemas? ¿Cuál es el papel de las fiscalías?
Los Estados, especialmente aquellos que se han comprometido mediante instrumentos internacionales, tienen la obligación de trabajar para lograr la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias por motivos de género.
Para ello es necesario que la administración pública en su conjunto desarrolle políticas públicas destinadas al abordaje integral de la problemática. Esto conlleva la necesidad de poner en práctica políticas en materia de prevención, asistencia, protección y reparación de las violencias de género, a las que deben sumarse políticas en materia de igualdad y de acceso a derechos.
En lo que respecta al sistema de justicia, el desafío es, en primer lugar, terminar con la impunidad en los casos que involucran violencia contra las mujeres, porque la impunidad es un mensaje estatal de “inmunidad”: cuando no hay sanción, la señal que se envía es de anuencia, de permisividad y con ella se contribuye a perpetuar estos patrones. Es decir que trabajar sobre la eficiencia de las investigaciones es también trabajar en la prevención y disuasión. En materia de política criminal es imprescindible que todas las investigaciones y respuestas criminales se planteen bajo una estricta debida diligencia reforzada, desde un enfoque de género, interseccional y respetuoso de los derechos humanos.
En segundo lugar, se debe trabajar en generar respuestas acordes a las necesidades de las personas que han atravesado una situación de violencia. En estos casos, no es suficiente investigar eficazmente e imponer sanciones. Es preciso también atender las necesidades de las víctimas: las vinculadas con el propio proceso penal (respetar sus tiempos, evitar revictimizaciones, asegurar que el sistema judicial no sea un ambiente hostil y expulsivo, tomar medidas urgentes de protección cuando hay riesgos de reiteración) y las vinculadas con reponer los derechos a las víctimas a partir de las consecuencias sufridas por los delitos y asegurar una reparación a los daños que sufrió.
De este modo, las fiscalías tienen un rol muy importante en materia de acceso a la justicia, de protección y reparación de las personas que atravesaron violencias. Sus investigaciones, reiteramos, deben desarrollarse con un enfoque de género, interseccional y respetuoso de los derechos humanos y su labor no puede ser pensada de forma aislada, se requiere de un trabajo coordinado, multiagencial, con otras áreas de la administración pública que puedan aportar herramientas que permitan investigaciones eficaces, que eviten la impunidad y que garanticen a las mujeres y LGBTI+ víctimas de violencia una real y oportuna asistencia, acompañamiento, protección y reparación.
3) ¿Qué nuevas estrategias se pueden aplicar en relación al tratamiento penal de las mujeres víctimas de trata implicadas en el narcotráfico?
En torno a la situación de las mujeres involucradas en actividades de narcotráfico o crimen organizado, el desafío para los sistemas judiciales y para los ministerios públicos es extremar las alarmas para detectar posibles casos de trata o explotación. Es cada vez más frecuente que mujeres y personas LGBTI+ en situaciones de distintas vulnerabilidades (por tratarse de personas pobres, migrantes, niñas, adultas mayores, afro, indígenas, discapacitadas, entre otras) sean utilizadas para ejecutar determinadas actividades de las organizaciones criminales, como la venta de droga al menudeo o el traslado internacional de cargamentos ilícitos, incluso ingestados, con alto riesgo para la vida de las personas que las llevan en sus cuerpos.
En estos casos, las mujeres y LGBTI+ ingresan al sistema de justicia como acusadas y es imprescindible formar a las y los operadores judiciales para agudizar su mirada de género y detectar si los delitos por los que se las acusa derivaron de una situación de explotación o violencias previas, si esas personas han sido coaccionadas de algún modo para actuar así, si están amenazadas, si fueron captadas previamente o si hay cualquier otro tipo de aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Para el desarrollo de las tareas de los Ministerios Públicos en esta temática resulta fundamental el trabajo articulado con otras agencias, como las encargadas de la prevención y la detección de hechos relacionados con el crimen organizado, la existencia de programas de atención y protección a las víctimas y sus familiares y que la perspectiva de género y enfoque interseccional sean aplicados desde un principio por todas las agencias involucradas. Es fundamental también que las propias áreas especializadas en temas de narcotráfico, trata y violencia de género aborden de manera conjunta la temática, porque los fenómenos criminales ya no son compartimentos estancos, sino que se complejizan y se sofistican exponencialmente y por eso requieren de los entrenamientos profesionales de todas las áreas.
Pero además, el narcotráfico y la trata de personas son fenómenos criminales transnacionales y se vuelve necesaria la cooperación internacional, el trabajo entre naciones para la puesta en práctica de bases comunes de actuación y abordaje que permitan investigaciones eficaces para combatirlos en nivel regional.
En este sentido, desde AIAMP celebramos el evento que el Programa COPOLAD III organizó en Buenos Aires hace unas semanas: “La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. Fortalecimiento de las capacidades de los Ministerios Públicos para un abordaje integral de la problemática”, junto a la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP) desde donde se está comenzando un camino de trabajo conjunto entre la Red de Fiscales Antidroga, la Red de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Red Especializada en Temas de Genero (RFAI, REDTRAM, y REG) de la AIAMP. Esta instancia se propone lograr criterios comunes de actuación que generen herramientas de trabajo para fiscales y otros operadores del sistema de justicia, tendientes a abordar la problemática con perspectiva de género, respetuosa de los derechos humanos, que dialoguen con el resto de las agencias que tienen competencia en la materia en cada uno de los países, que permitan desarrollar investigaciones eficaces para enfrentar al crimen organizado.
