La XXXII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), celebrada esta semana en Madrid, ha aprobado dos documentos técnicos elaborados en colaboración con el Programa COPOLAD III, orientados a fortalecer la lucha contra el narcotráfico con un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos.
Se trata de:
· La Guía de Agentes Encubiertos, destinada a mejorar las investigaciones sobre narcotráfico en el marco de los acuerdos internacionales y las legislaciones nacionales.
· Los Lineamientos para abordar conjuntamente situaciones en las que mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata se ven involucradas en actividades relacionadas con drogas, que proponen una aproximación sensible al género y centrada en las víctimas.
La asamblea reunió a representantes de los ministerios públicos de los 22 países miembros de la AIAMP, así como a organismos y programas de cooperación internacional como COPOLAD III. En la reunión participaron el presidente de AIAMP, Eduardo E. Casal, Procurador General de Argentina; Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado y secretario general de la AIAMP; Francisco Tierraseca, director de la Fundación para la Internacionalización de la Administración Pública (FIAP), organización líder de El PAcCTO y de COPOLAD III; Borja Díaz Rivillas, director de COPOLAD III; Javier Samper, director del PAcCTO; Elena Martínez Rosso, representante de la Cumbre Judicial Iberoamericana; Andrés Allamand, secretario general de la SEGIB; o Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
Operaciones encubiertas con garantías
El Programa COPOLAD III ha trabajado conjuntamente con la Red de Fiscales Antidroga de la AIAMP (RFAI) en la elaboración de la Guía de Palermo, un instrumento de buenas prácticas sobre el uso de operaciones encubiertas en el combate al narcotráfico.
Esta guía proporciona lineamientos concretos para el uso de la figura del agente encubierto como herramienta de investigación, siempre en conformidad con los marcos legales vigentes y el respeto a los derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Las operaciones encubiertas permiten a funcionarios públicos o personas designadas infiltrarse en organizaciones criminales con el fin de obtener pruebas e identificar a los responsables. Dada su complejidad y su impacto en los derechos humanos, estas investigaciones deben regirse por principios como la legalidad, subsidiariedad, proporcionalidad y especialidad.
Narcotráfico, género y trata: un enfoque interseccional
Muchas víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y personas LGTBIQ+, son explotadas en distintas fases del tráfico de drogas, desde el cultivo hasta el transporte o la comercialización de sustancias ilícitas. Estas situaciones ocurren con frecuencia en contextos de alta vulnerabilidad: migración forzada, pobreza, minorías étnicas o infancia desprotegida.
Para abordar esta problemática, COPOLAD III impulsó la iniciativa ‘La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas”’, en alianza con tres redes especializadas de la AIAMP: la REDTRAM (Trata y Tráfico de Migrantes), la RFAI (Fiscales Antidroga) y la REG (Red Especializada en Género).
El trabajo articulado de estas redes permitió elaborar un diagnóstico regional que analiza los escenarios en los que confluyen la condición de víctima y la acusación penal, y propone lineamientos prácticos para una intervención con enfoque de derechos, género e interseccionalidad. Actualmente, se está trabajando con las fiscalías de Argentina, Brasil y Paraguay para adaptar los lineamientos a los contextos nacionales de dichos países.
Narcotráfico y medio ambiente: una nueva línea de acción
En el marco de su cooperación con la AIAMP, COPOLAD III ha promovido también un nuevo acuerdo para desarrollar lineamientos de persecución penal en relación al impacto ambiental del narcotráfico. Esta línea de trabajo buscará elaborar un diagnóstico regional sobre cómo abordan actualmente los ministerios públicos este fenómeno, al tiempo que propondrá directrices para mejorar la investigación y judicialización de los delitos ambientales vinculados al tráfico ilícito de drogas.
La iniciativa se alinea con el estudio publicado por COPOLAD III en 2024, titulado ‘La destrucción silenciosa. Impactos ambientales del narcotráfico y las respuestas del Estado en América Latina y el Caribe’, que analiza de manera exhaustiva los daños ecológicos provocados por estas actividades en la región.
