“A través de la perspectiva de género, se corre el velo y se descubre que la fotografía posee otros matices y visibiliza una realidad que nos posiciona en un lugar más estratégico, que permite ver la misma imagen más nítida y amplificada” (Ministerio Público Fiscal de Argentina, Causa No 15278/17, 2019).
El crecimiento global del tráfico de drogas está asociado con otros fenómenos criminales, como la trata de personas, con los cuales se retroalimenta. Las organizaciones que explotan estas rentas delictivas aprovechan la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata, para además obligarlas a participar en actividades de producción, transporte o comercialización de drogas bajo coacción o engaño, siendo luego procesadas penalmente en caso de arresto, sin que sea considerada su condición dual de víctimas/perpetradoras. Según el Reporte Global sobre trata de personas de UNODC (2020), en 2018 el 6 por ciento de las víctimas de trata fueron forzadas a cometer hechos ilícitos, entre ellos el narcotráfico.
Muchas de las mujeres encarceladas por delitos menores de drogas viven en la pobreza, presentan bajos niveles educativos y tienen a su cargo familiares en gran medida dependientes, incluidos niños y niñas, jóvenes, ancianos o personas con discapacidad (CIM-OEA, 2016). En consecuencia, su encarcelamiento tiene efectos devastadores en su entorno y en las comunidades donde viven, pero contribuye poco o nada a desmantelar los mercados ilegales de drogas o a mejorar la seguridad pública (COPOLAD, 2022).
Este tipo de violencia se manifiesta de manera especialmente virulenta cuando la venta de drogas se suma a la situación de explotación sexual de mujeres y mujeres trans. Así, las organizaciones criminales captan a las víctimas y establecen un control sobre ellas, aprovechándose de múltiples vulnerabilidades, como su edad o la precariedad de su situación social, económica y familiar, a todo lo cual se suma la dependencia de las sustancias psicoactivas que la organización les suministra para perpetuar el ciclo (1). De este modo, se torna obligatorio para las víctimas mantener su actividad de prostitución en los lugares controlados por las mafias criminales, con el fin de pagar las deudas contraídas. Al mismo tiempo, aumentan el consumo de drogas para soportar la actividad desarrollada en zonas turísticas, ‘barrios rojos’ o narco pisos.
La utilización de las víctimas para actividades ilícitas asociadas al narcotráfico se manifiesta en el resto de los eslabones de la cadena criminal. Así, personas vulnerables, muchas veces migrantes, menores de edad o pertenecientes a minorías étnicas, sufren trata laboral y se ven obligadas a cultivar drogas ilícitas en espacios rurales y urbanos.
Otro escenario identificado es el de las víctimas de trata que actúan como ‘correos humanos’, transportando los estupefacientes, uno de los niveles más débiles y de mayor subordinación dentro de la organización del narcotráfico. Muchas de estas mujeres llevan en el interior de su cuerpo cápsulas con la droga, lo cual entraña un grave riesgo para su salud. La trata de personas con la finalidad de que cometan actos delictivos es una realidad que muchos países ya identifican e incluso se halla tipificada en jurisdicciones como la española (Art 177 bis del Código Penal).
Estos casos son un ejemplo de cómo la violencia de género y las economías ilícitas se entrelazan, generando nuevas formas de victimización y exclusión social.
La complejidad de dichas situaciones obliga a replantearse las estrategias contra el narcotráfico desarrolladas hasta la fecha y a reflexionar sobre cómo podemos lograr una aproximación que tome en cuenta la perspectiva de género en los delitos cometidos contra las mujeres y la población LGTBIQ+ en esos ámbitos, pero que también logre combatir con efectividad el tráfico de drogas y la trata de personas.
Si bien diferentes instrumentos internacionales de las Naciones Unidas o del Consejo de Europa exigen proteger a las víctimas y aplicar el principio de no criminalización, contemplando la posibilidad de evitar sanciones penales por la participación forzada en actividades ilegales, la implementación de dichas medidas es desigual y limitada. Las investigaciones suelen centrarse en el delito, dejando de lado las circunstancias vitales y el contexto de explotación.
Con objeto de intercambiar experiencias y proponer soluciones, surgió la iniciativa ‘La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas’, impulsada por COPOLAD III en el marco de su alianza con tres redes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP): la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG).
El trabajo conjunto entre la tres redes y agentes vinculados al sistema de justicia en distintos países de la AIAMP ha dado como resultado un diagnóstico regional que nos permite caracterizar los escenarios y tipologías que se presentan en la región sobre esta dualidad de víctima/perpetradora de delitos, así como unos ‘Lineamientos para abordar conjuntamente situaciones en las que mujeres y personas LGTBIQ+ víctimas de trata se ven involucradas en la producción, tránsito o comercialización de drogas’, aprobados recientemente por las fiscalías citadas.
El documento contiene tres lineamientos fundamentales, acompañados por una serie de propuestas de acción. El objetivo es contribuir a un mayor entendimiento de la problemática de las mujeres y personas LGTBIQ+ que están en las circunstancias descritas, con el fin de plantear respuestas coordinadas al tiempo que se fortalecen las estrategias de investigación con enfoque de género.
Un primer lineamiento aborda la identificación temprana de los casos con perspectiva de género. Esto requiere diseñar indicadores y alertas que permitan identificar a la víctima de trata en el contexto de tráfico de drogas, así como caracterizar mejor los casos en los que se requiere la aproximación de las tres especialidades.
En segundo lugar, resulta preciso reforzar las investigaciones centradas en las víctimas y evitar su revictimización. Para ello, es crucial fomentar la consagración normativa, así como el entendimiento y la aplicación del principio de no criminalización en los casos de víctimas perpetradoras, entre otros principios como el deber de identificación (TEDH, V.C.L. y A.N. c. Reino Unido) y la debida diligencia reforzada.
Un tercer lineamiento apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales para el adecuado tratamiento de los casos, así como dirigir estratégicamente la persecución penal hacia las organizaciones criminales involucradas en el tráfico ilícito de drogas y en la trata de personas, adoptando el enfoque de género en la investigación criminal articulada.
Junto con la socialización del diagnóstico y de los lineamientos entre las fiscalías y otros profesionales del sistema de justicia, un segundo paso relevante en 2025 será su adaptación en el marco de COPOLAD a las realidades de Argentina, Brasil y Paraguay.
El 25N nos recuerda que la lucha contra la violencia de género debe visibilizar a las mujeres y a la población LGTBIQ+ atrapadas en las redes del narcotráfico y la explotación. Construir justicia para ellas requiere esfuerzos coordinados que coloquen sus derechos en el centro de la actuación institucional.
(1) Entrevista con Laura Roteta, Fiscal Titular de la Fiscalía Federal nº 1 de la Plata, Argentina.
Blog escrito por:
Borja Díaz Rivillas, Director de COPOLAD III.
Ana Linda Solano López, Experta principal de la iniciativa de COPOLAD III y la AIAMP ‘La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas’.
