Según un reciente estudio financiado por la Comisión Europea, más del 85% que consumen drogas han sufrido violencia . Son cifras que dan constancia de la negligencia que muchas políticas públicas de drogas han tenido respecto a las necesidades de las mujeres y sus propios derechos. Mientras las mujeres suponen, en cifras globales, un tercio de las personas consumidoras, su acceso a tratamiento se ve dificultado en muchas ocasiones por razones de género como es su rol como cuidadoras, la escasa flexibilidad de horarios en los dispositivos de tratamiento o la existencia de horarios adaptados a las mujeres o la imposibilidad de asistir con sus hijos e hijas. Son muchas veces las mujeres las que acompañan a sus parejas a los tratamientos, pero ¿Quién acompaña a las mujeres? El estigma es también un acceso para acudir al tratamiento porque la percepción social de las mujeres que consumen drogas penaliza más a las mujeres, que a los hombres.
La violencia está presente en todos los lugares y condiciones, y también ocurre, en mayor medida (de dos a cinco veces más) en mujeres que consumen drogas. Un 86, 64% según el informe del proyecto Interleave, han sufrido violencia física, un 74,23%, violencia física. Los abusos sexuales son también una situación que desgraciadamente aún se produce en el 44,62% de las mujeres consumidoras, y lo que es más grave en más del 24% de la infancia en aquellas adultas consumidoras.
En la otra cara de la moneda, en lo que respecta a las mujeres que participan en la economía ilícita, la violencia también se refleja en el uso de los cuerpos de las mujeres para transportar droga, sin poder olvidar el papel de la mujer en la cultura del narco que sólo es la punta de iceberg de los feminicidios que sufren las mujeres, especialmente en algunos países de la región. América Latina y el Caribe acoge a la mayor población de mujeres encarceladas por delitos de drogas, una cifra escandalosamente alta, si se compara con el encarcelamiento de hombres por las mismas causas. La mayoría tuvieron acceso a menos educación, vive en condiciones de pobreza y un 72% no está acusada por delitos violentos. Un 87% de las mujeres tienen hijos o familiares a su cuidado y un 62% no cuenta con antecedentes penales.
El encarcelamiento de mujeres tiene consecuencias devastadoras para sus hijos e hijas, y para sus familias. En un contexto de saturación de cárceles, la Estrategia Europea de Cooperación en materia de drogas apuesta por la búsqueda de soluciones alternativas al encarcelamiento en delitos menores. Y en concreto, el programa COPOLAD está iniciando una línea de trabajo y orientación a los países de América Latina y Caribe en este aspecto, donde se acompañará a los países que lo deseen en la revisión de los marcos penales, la proporcionalidad de los delitos y las alternativas a la privación de libertad como aconsejan las convenciones internacionales.
COPOLAD reforzará en esta tercera fase su enfoque de género promoviendo en todas sus acciones y en concreto con la:
- Formación en incorporación de indicadores diferenciados entre hombres y mujeres en los Sistemas Nacionales de Información de los Observatorios de Droga
- Incorporación de la perspectiva de género en el diálogo entre los países de la UE y la CELAC en temas de drogas
- Mejora del enfoque de género en las actuaciones policiales
- Fomento de investigaciones sobre políticas de drogas con énfasis en la problemática y necesidades de las mujeres
- Fomento de investigaciones sobre políticas de drogas con énfasis en la problemática y necesidades de las mujeres
- Apoyo a las políticas públicas que fomenten la inserción laboral de mujeres con adicciones
- Diseño de módulos formativos virtuales para la mejora de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de drogas.
- Propuestas de medidas alternativas a la privación de libertad de mujeres en delitos menores de drogas
