La comunidad internacional lleva años reflexionando sobre cómo abordar las políticas criminales y penitenciarias de forma más efectiva en un contexto donde la saturación de las cárceles y los impactos del encarcelamiento en las personas y las comunidades hacen necesario la búsqueda de una mayor proporcionalidad e implementación de alternatividad penal en el diseño de la respuesta punitiva. Los datos son claros. Las mujeres encarceladas representan el 8% en las Américas, cifra que se duplicó en los últimos 22 años, en un 56.1%, mientras que la población carcelaria general se incrementó en un 24.5%.
Por todo esto el programa de cooperación de la Unión Europea sobre políticas COPOLAD III organizó del 16 al 18 de octubre en San José, Costa Rica, un Taller de trabajo regional, para abordar la construcción de un Pacto regional para una política criminal en materia de drogas basada en la proporcionalidad y la alternatividad penal con la finalidad de avanzar en el diseño una política penal y penitenciaria más humanizada. Esta iniciativa se realiza en el marco de la colaboración entre COPOLAD y la Conferencia de Ministros de Justicia de los estados iberoamericanos (COMJIB).
El evento incluyó un Taller Nacional para el impulso de un Protocolo para mujeres en conflicto con los delitos de drogas en Costa Rica, relacionados con el artículo 77 bis del Código Penal (referido a mujeres que entran en centros penales como transportistas de sustancias ilegales). El Protocolo busca mejorar la red interinstitucional para el apoyo de estas mujeres y la puesta en marcha de servicios de apoyo para la reinserción social.
Asimismo, se presentó en Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Mujeres privadas de libertad en las Américas 2023.
“El sistema penitenciario no debe ser la opción para el sistema social de derechos, hay medidas alternativas, muestra de ello es la justicia restaurativa, que permite humanizar cada caso y niveles de hacinamiento que sean aceptables no como los que tenemos hoy en día, explicó Eixleine Sánchez Torres, viceministro de Justicia y Paz de Costa Rica en el evento.
Participantes
En el evento participaron, además del viceministro de Justicia y Paz, diversos representantes del Poder Judicial, como el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro, Rector de la Justicia Restaurativa, Heldren Solórzano, directora adjunta del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), Oswaldo Aguirre, director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Delegación de la UE en Costa Rica así como Peggy Martinello, de la institución líder del Programa COPOLAD III, FIIAPP.
En lo que respecta a los actores regionales, participaron en el intercambio de forma online Enrique Botero, secretario general de la COMJIB, Juan Carlos Murillo, Presidente de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas ( AIDEF), Cherlyl St. Louis, directora de la Agencia Nacional de Drogas de Trinidad y Tobago, Julietta Pellegrino, asesora de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia en Argentina, Carolina López, subdirectora del Centro de Inserción Social Victoria Kent, del Ministerio de Interior (España) Maria Lorena Segovia, Defensora General de Paraguay, Américo Gegaloto, representante de Portugal desde las instituciones de prevención y Fabián Rossano, de la Dirección Nacional de Libertad Asistida de Uruguay así como diversos expertos y expertas de las áreas relacionadas con la temática en Costa Rica.
