El taller regional ‘Hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria frente a delitos menores de drogas: un camino hacia la proporcionalidad y alternatividad penal’ reunió los días 24 y 25 de junio en Barcelona (España) a más de 35 juristas, fiscales, representantes de países, organismos y miembros de la sociedad civil de Latinoamérica, Caribe y la Unión Europa.
Organizado por el programa COPOLAD III y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), en el encuentro se sentaron las bases de un pacto regional sobre proporcionalidad y alternatividad penal desde la perspectiva de los derechos humanos. Los objetivos de este acuerdo son primar la reinserción y resocialización frente al castigo y reducir la saturación de las prisiones, así como lograr una mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Habitualmente, las medidas de encarcelamiento masivo afectan a los eslabones más bajos de la cadena, fácilmente sustituibles,lo que genera un impacto muy negativo en sus familias, y en las personas encarceladas, muchas de ellas mujeres que sufren violencias o forman parte de redes de trata o extorsión.
Propuestas para una justicia menos punitiva
En diferentes mesas y grupos de trabajo, a lo largo de dos jornadas se analizó la situación nacional de la política penal y carcelaria de Colombia, Argentina, Brasil, Portugal, República Dominicana, Paraguay, Costa Rica y España; la aplicación de la perspectiva de género y la necesidad de tener en cuenta el enfoque diferencial, la diversidad racial y sexual; problemas comunes de toda la región, así como la contribución del programa COPOLAD III al debate.
En ese sentido, se realizaron varias propuestas, entre algunas de las más destacadas, la apuesta por nuevas narrativas frente al “punitivismo populista”, la tendencia hacia una legislación más proporcional desde una perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género o la defensa de políticas de Estado que no estén sujetas a los periodos electorales. En todo momento se destacó que la justicia penal ha de tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y de ahí la importancia de apostar por la inclusión social y económica en lo referido a los delitos de drogas.
El secretario general de COMJIB, Enrique Gil Botero, destacó el amplio consenso que hay entre los representantes judiciales de los países acerca de la necesidad de un cambio de modelo: “La justicia restaurativa funciona y cambia vidas. El modelo punitivista ha fracasado y exhortamos a los poderes legislativos a que tomen nota de lo que hemos debatido estos días”.
En el taller regional sobre Alternatividad Penal intervinieron representantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), los ministerios de Justicia de Colombia, Brasil y Argentina, representantes del Poder Judicial de Costa Rica y República Dominicana, la delegada del Gobierno de España contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, e integrantes de las entidades UNAD y RIOD, entre otras.
