El fiscal Marcelo Colombo es cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina (PROTEX) de Argentina y coordinador de la Red de Trata de Personas y tráfico de migrantes de AIAMP. Trabaja desde hace años con la cooperación de la Unión Europea tejiendo redes para abordar las violencias contra las mujeres. Actualmente colabora con el Programa COPOLAD III en una iniciativa para incorporar la dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas, y fortalecer las capacidades de los Ministerios Públicos para un abordaje integral. “Iniciativas como esta son un excelente ejemplo de cómo la coordinación entre redes especializadas internacionales abren el camino para mejorar las prácticas y conocimientos de la Administración de justicia”
¿Cuáles son las principales problemáticas de violencia a las que se enfrentan las mujeres de América Latina y Caribe?
Las mujeres se encuentran confrontadas con problemáticas de una magnitud significativa. La afectación diferenciada sufrida por las mujeres se manifiesta de manera alarmante en las elevadas tasas de diversos delitos, entre ellos la trata de personas, con un enfoque particular en la explotación sexual. Un claro ejemplo de esta realidad es Argentina, donde el 78% de las víctimas en sentencias condenatorias por trata son mujeres, alcanzando un preocupante 98,7% en los casos de explotación sexual.
Recientemente, se ha observado un crecimiento considerable en situaciones donde convergen elementos que involucran a mujeres víctimas de trata, quienes terminan siendo parte integral de las actividades fungibles de grandes organizaciones criminales, como es el caso del narcotráfico. Este último sector se aprovecha de mujeres en condiciones extremas de vulnerabilidad para la comercialización y transporte de sustancias ilícitas. Es en este contexto que se reconoce la interconexión del problema social de la violencia contra las mujeres con el desarrollo de actividades criminales, subrayando la necesidad de abordar estas problemáticas de manera coordinada y urgente.
¿Cómo puede la Administración Pública aportar soluciones a estos problemas? ¿Cuál es el papel de las fiscalías?
En el ámbito judicial, implica garantizar que los casos de violencia contra las mujeres se aborden de manera exhaustiva, considerando adecuadamente las dimensiones de género en todas las etapas del proceso legal. Es esencial asegurar la protección efectiva de las víctimas a lo largo de todo el procedimiento, reconociendo las dificultades que enfrentan al presentar testimonios y procurando su bienestar integral, tanto físico como psicológico.
El fortalecimiento de estas acciones se ve potenciado significativamente mediante la participación activa en espacios de discusión, como mesas de trabajo interredes, incluyendo representantes de la sociedad civil, academia y el sector privado, contribuye a enriquecer el panorama y a generar soluciones más completas y sostenibles.
La consecución de una respuesta estatal de alto estándar en materia de justicia y administración pública requiere un compromiso integral con la perspectiva de género, desde la formulación de políticas hasta su implementación y evaluación. La coordinación eficiente entre los diferentes actores involucrados y la participación activa en espacios de diálogo son elementos fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
¿Qué nuevas estrategias se pueden aplicar en relación al tratamiento penal de las mujeres víctimas de trata implicadas en el narcotráfico?
En el ámbito del tratamiento penal de las mujeres víctimas de trata vinculadas al narcotráfico, es de vital importancia la aplicación de un enfoque de derechos humanos y género en la formulación de políticas. Esto implica el reconocimiento y abordaje de las desigualdades estructurales que pueden llevar a estas mujeres a situaciones de vulnerabilidad, asegurando así una respuesta legal acorde con los principios fundamentales de equidad y justicia.
La incorporación del principio de no punibilidad en la formulación de políticas y en el tratamiento penal refleja un compromiso con los derechos humanos y una comprensión más profunda de las complejidades que enfrentan las mujeres víctimas de trata, fortaleciendo así la búsqueda de una justicia equitativa y sensible a las particularidades de cada caso. Otra posibilidad es establecer presunciones iuris tantum que eviten la persecución de mujeres que han sido utilizadas como correos humanos e ingestadas con sustancias estupefacientes para el transporte de menor escala de drogas. Partiendo de la presunción de que si se ha prestado a una actividad de tamaño riesgo de vida lo ha hecho desde una estado de situación sumamente desventajoso donde la “libertad” de elección presenta desafíos que una justica respetuosa de un trato equitativo no puede obviar. Esta estrategia innovadora busca proporcionar un marco legal más justo y alineado con los principios de protección de posibles las víctimas.
El fortalecimiento de la cooperación internacional en la persecución de casos relacionados con la trata y el narcotráfico es otro aspecto crucial. Esto implica la armonización de leyes y protocolos, así como el intercambio eficiente de información entre países, asegurando una respuesta conjunta y coordinada frente a estas complejas problemáticas. Iniciativas como la llevada a cabo por el Programa COPOLAD y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) son un excelente ejemplo de cómo la coordinación entre redes especializadas internacionales abren el camino para mejorar las prácticas y conocimientos de los administradores de justicia. A través de esta propuesta, se persigue establecer criterios de actuación compartidos que resulten en herramientas prácticas para fiscales y otros profesionales del sistema de justicia con una perspectiva de género holística e interseccional.
