El presente documento, creado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y el Programa COPOLAD de la Unión Europea consiste en delinear ciertas guías, principios y herramientas que puedan ser utilizados por los fiscales de la región para abordar, desde la perspectiva jurídica y propiamente investigativa, fenómenos criminales que se crucen con delitos de tráfico ilícito de drogas y crímenes (o infracciones administrativas, en su caso), ambientales.
Estos lineamientos se dividen en tres categorías centrales: reformas legislativas, trabajo investigativo y trabajo persecutor.
La primera de ellas explora posibles reformas legislativas que los países podrían tener en cuenta en los foros y espacios atingentes, en la medida que favorecerían acciones en el ámbito de la justicia criminal más eficaces y reparatorias (tanto para las víctimas humanas como para el medio ambiente).
La segunda categoría propone guías de actuación en la etapa propiamente investigativa, desde el diseño de las estrategias hasta la materialización de diligencias intrusivas como los allanamientos y detención de sospechosos, y las distintas acciones de cooperación internacional que sea necesario impulsar.
El último grupo de directrices está enfocado en la etapa de persecución penal, es decir, en la de acusación y juicio. Aquí cobrarán mayor relevancia cuestiones jurídicas como la posibilidad de aplicar salidas alternativas y las objeciones que pudieran levantarse por infracción al ne bis in ídem.
En su conjunto, este grupo de buenas prácticas y lineamientos está dirigido a fortalecer el proceso penal. Lo anterior, en la medida que permitirá darle mayor eficacia a las actividades investigativas y persecutorias, englobando el fenómeno criminal en su conjunto, con todas sus aristas y responsables, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y cuidado del medio ambiente y de las comunidades y componentes
ecológicos que lo habitan. De esta forma, los fiscales de Iberoamérica estarán contribuyendo a cumplir el mandato recientemente formulado por la Corte Internacional de Justicia, consistente en prevenir daños significativos al sistema climático y otros componentes del medio ambiente.
