La política de drogas de Uruguay se basa en los principios de los derechos humanos, la salud pública, y el género. La política prevé el uso de un Fondo de Bienes Decomisados para apoyar programas con una perspectiva de género gestionados por el gobierno y algunos ONG, y centrados en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños, y la reinserción social. Estos diversos programas han logrado reducir las tasas de reincidencia, de dependencia de drogas, y de desempleo entre mujeres que han salido de prisión.
La Comisión Europea está preparando una tercera fase de este programa, por lo que COPOLAD volverá a principios de 2021.